Aunque hoy en día se usa el término “mafia” para referirse a cualquier asociación delictiva con ciertos códigos de venganza y respeto, en realidad en Italia cada organización tiene su denominación específica: la Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabresa o la Camorra napolitana. Cada una opera en un territorio concreto y suelen respetar sus respectivos ámbitos de funcionamiento, aunque tampoco son inhabituales los roces y conflictos entre ellas que suelen dirimirse con pactos privados y cadáveres.

En España, tanto el PP nacional como CiU en Cataluña han venido funcionando desde hace tiempo como organizaciones criminales: el juez De la Mata ya consideró al PP como organización criminal en su auto de 2015 y CiU se “autoinculpó” al admitir las mordidas del 3% en el Parlamento catalán. Al igual que las diferentes mafias italianas, PP y CiU han venido manteniendo un cuidadoso equilibrio para mantener sus respectivas áreas de influencia y han tenido también sus enfrentamientos, saldados con cadáveres políticos en ambos bandos.

En Noviembre de 2011 el PP logró su mejor resultado electoral y consiguió una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que permitió a Mariano Rajoy proclamarse Presidente de España. El Presidente del Parlamento catalán era en aquel momento Artur Mas, quien comenzó la senda negociadora habitual a colación del pacto fiscal y recibió una rotunda negativa por parte de Rajoy, provocando la amenaza de Mas de iniciar una apuesta más agresiva por la independencia de Cataluña.

En realidad, toda esta representación no era más que una partida de póker entre dos mafias hermanadas por una ideología común de derechas que intentaban mantener la hegemonía en su territorio. No en vano, CiU venía de participar durante más de 15 años en la gobernabilidad española, manteniendo así la predominancia del conservadurismo más tradicional tanto en Cataluña como en el resto de España.

Sin embargo, 2012 introdujo una nueva variable en el tablero que desestabilizó la partida: el juicio del Caso Palau amenazaba seriamente la reputación de CiU y su permanencia en la Generalitat catalana. Mas acusó al Gobierno central de instigar la investigación y convocó elecciones a modo de plebiscito popular: si salía victorioso se consideraría legitimado a mantener la hegemonía mafiosa de su familia, instaurada en Cataluña por Jordi Pujol durante la Transición y puesta ya en jaque por el Caso Banca Catalana.

Mientras, la mafia del PP aprovechaba sus años de mayoría absoluta para poner todas las trabas posibles a las investigaciones judiciales sobre sus numerosos escándalos de corrupción: caso Gürtel, caso Brugal, caso Bárcenas, caso Imelsa, caso Lezo, caso Naseiro, caso Palma Arena, caso Pokémon, etc.

Las elecciones catalanas de 2012, sin embargo, evidenciaron que CiU se empezaba a ver afectado por sus propios casos de corrupción y que la hegemonía de su mafia durante los últimos 20 años estaba en decadencia, por lo que decidieron una huida hacia delante echándose en los brazos de ERC y optando por la estrategia que sigue vigente hoy en día: tapar todas las tropelías y deficiencias en su gestión con la bandera estelada. De este modo, la independencia pasaba a ser el caballo de batalla único contra el Gobierno central en su desesperado intento por mantener el poder y tratar de evitar así unas sentencias judiciales que amenazaban con hundirles tanto colectiva como personalmente.

ERC, por su parte, veía la oportunidad histórica que se le había venido negando durante 80 años, desde la presidencia de Francesc Macià, y abrazó sin dudarlo la coalición propuesta por CiU. Escarmentados por el escaso rédito para ellos del Pacto del Tinell con Maragall y el PSC, decidieron optar por la “vía dura” de la reivindicación catalana, dejando de lado cualquier aspiración política de izquierdas.

Durante los siguientes años, el tándem CiU-ERC, agrupados posteriormente en la coalición JxS y apoyados en la actual legislatura por la CUP, han basado toda su política en la independencia catalana, por motivos posiblemente diferentes: ERC (y la CUP) para cumplir con el único punto inamovible y trascendental de su programa y CiU para mantenerse a toda costa en el poder e intentar controlar en la medida de lo posible los procesos judiciales abiertos contra ellos.

Al igual que la Camorra y la N’drangheta alcanzaron un pacto a finales de la década pasada para controlar nuevos negocios ilegales, el PP y CiU establecieron un pacto tácito para explotar los réditos que a ambas formaciones les daba la nueva situación de crispación política alrededor de la cuestión independentista: mientras CiU aguantaba “encastillada” en la Generalitat, el PP de Rajoy aprovechaba la situación para afianzar a su electorado más fiel y usaba la cuestión catalana como una interminable cortina de humo con la que tapar los numerosos escándalos que seguían sacudiendo al partido y los desastres de gestión que iban saltando a la palestra.

La irresponsabilidad y ambición de ambos dirigentes y partidos los empujó, atraidos por los favorables resultados que arrojaban las encuestas de opinión, a una escalada de pronunciamientos radicales y maniqueos que sólo pretendían polarizar cada vez más a la sociedad, sin darse cuenta (o sí) de que iban irremediablemente a un escenario donde el choque sería inevitable y donde no habría ya posibilidad para el acuerdo sin provocar víctimas en ambos bandos.

La creciente tensión social, avivada irresponsablemente desde ambos lados, crecía como respuesta a las afrentas lanzadas tanto por el Gobierno central como por la Generalitat y encontraba un fértil caldo de cultivo en unas clases sociales golpeadas duramente por la situación económica de los últimos años. Mientras en Cataluña el sentimiento nacionalista se promocionabda, más allá de identidades regionales, como la única salida viable a la crisis actual y el camino más corto a la salvación, en el resto de España se apelaba a la unidad del Estado con referencia claras, aunque más o menos explícitas, a épocas pasadas que aún permanecen en el imaginario colectivo añorado por amplios sectores de la sociedad.

Esa polarización de la sociedad pretende eliminar los matices, las opiniones más reflexivas y las soluciones complejas ante situaciones complejas, imponiendo eslóganes publicitarios que ahorran el esfuerzo del pensamiento crítico pero que conducen a una sociedad más influenciable y manejable.

Y así hemos llegado hasta hoy, con la conservadora burguesía catalana atrincherada en las instituciones para controlar su futuro judicial más inmediato, la izquierda republicana siendo cada vez menos izquierda y buscando El Dorado de la independencia, los anticapitalistas decepcionados porque creían que podrían romper el modelo actual de sociedad y la derecha española encantada con la situación, parapetada detrás de jueces y policías (o Guardias Civiles) que no duda en poner al pie de los caballos en pro de sus intereses y alentando irresponsablemente a una ultraderecha que permanecía reprimida por la propia evolución social.

No deja de ser curioso que dos organizaciones supuestamente de izquierda como ERC y la CUP supediten toda su actividad política a una cuestión que es, por concepto, opuesta a la ideología de izquierda: la independencia de Cataluña va contra la solidaridad territorial y contra la difuminación de las fronteras. En el fondo, parece que las cuestiones emocionales han pasado a ser en algún momento más importantes que las racionales.

Veo muy improbable que Cataluña pueda independizarse y tampoco creo que el Estado llegue a suspender su autonomía, aunque a día de hoy cualquiera sabe. Por un lado, las mafias suelen tomar decisiones radicales y desesperadas cuando se ven acorraladas pero, por otra parte, suelen ser proclives a acuerdos secretos “bajo mano” para salvar sus propios intereses, quede quien quede por el camino.

Como suele decir @trecet, ya es imposible meter de nuevo en el tubo la pasta de dientes de la explosión social que ha sufrido Cataluña pero, al fin y al cabo, la gente lo único que quiere es que resuelvan sus problemas: poder comer a diario, dar una buena educación a sus hijos, tener una vivienda digna y poder ver el fútbol en la tele.

Si las mafias dejan por un momento su vocación criminal al margen y ejercen como políticos, la solución no debería ser tan complicada.