Se pregunta Richard Pipes en las primeras páginas de su monumental -aunque, en mi opinión, bastante discutible- monografía sobre la Revolución Rusa, en dónde hay que fijar la fecha de inicio de un proceso revolucionario y no acaba de tenerlo del todo claro. Algo parecido me ocurre a mí (salvando las distancias obvias, claro está) con respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña y más aún cuando no es un acontecimiento pasado a estudiar, sino que todavía estamos viviendo con plena intensidad. Reflexionando un poco he llegado  a la conclusión, anticipo que quizás equivocada, de que todo parte de 2003.

En aquel año, Convergencia i Unió, hasta entonces partido hegemónico en Cataluña, fue desplazada del Govern de la Generalitat después de más de 20 años por un tripartito formado por el PSC, Esquerra Republicana y IU-Els verds, tras el llamado Pacto del Tinell. El pacto de gobierno se sustentaba en parte en la promesa formal del PSC a instancias sobre todo de ERC, de redactar un nuevo Estatuto que recuperara conceptos básicos del nacionalismo catalán -y asumidos desde siempre por la izquierda- como el propio término de Nación. Se trataba de dar un giro más nacionalista a lo ya conocido. Curiosamente, una encuesta realizada por la propia Generalitat unos meses antes reflejaba una situación de la población catalana bastante acomodaticia, no olvidemos que eran los tiempos de la bonanza económica por la burbuja inmobiliaria; más del 60% de la ciudadanía se manifestaba “razonablemente satisfecha” con su situación y con el Estatuto de 1.979. El cambio estatutario no pasaba, por aquel entonces, de ser una pretensión de ciertas élites y un sector minoritario e independentista de la población. 14 años después nadie quiere regresar al primer Estatuto y alrededor del 45% de la población catalana, por no entrar en guerras de cifras, se declara independentista. ¿que ha sucedido para que ocurra esto?

El Estatut que nunca existió

Tengo la sensación de que que el PSC jugó a ser una especie de aprendiz de brujo, mientras que Esquerra supo entonces -y sabe ahora- jugar muy bien unas cartas escasas y no demasiado favorables. Su objetivo era conseguir la hegemonía del nacionalismo catalán y ahondar en las contradicciones del PSC y en este punto no lo tuvo demasiado complicado. Hay que entender  que en el PSC han convivido siempre dos “sensibilidades” bien diferenciadas. Por un lado, y generalizando mucho, un sector “españolista”, anclado sobre todo en el área metropolitana, y de raíces claramente obreristas y foráneas (andaluzas, extremeñas, murcianas…) para las que el catalanismo no es un argumento fundamental ni integrador y por otro lado un sector nacionalista, vinculado a las grandes ciudades tradicionales (Barcelona, Tarragona, Lleida..) que surgió en los años 70  en torno a figuras como Joan Reventós (fundador de Convergencia Socialista de Catalunya) y con un componente claramente burgués e ilustrado, como representaba a las mil maravillas Pascual Maragall: nieto del gran poeta Joan Maragall y muy bien relacionado con la intelligentsia y las élites de poder en Barcelona. Este era el sector que controlaba el partido por entonces y un cambio estatutario era algo que veía con buenos ojos por razones ideológicas. Pero hay que recordar que en 2003 estaba todavía en el poder en el Gobierno Central un PP que controlaba el país desde una cómoda mayoría absoluta. El nuevo Estatut fue impulsado así por un PSOE en la oposición, para el que los votos de Cataluña eran indispensables para aspirar a derrocar al gobierno conservador, cosa, que como bien sabemos, consiguió Zapatero en marzo de 2004, aprovechándose en buena medida de la desastrosa gestión de los populares del atentado de Madrid.

Con Zapatero en la Moncloa el nuevo Estatut empezó a ser una realidad, pero no por contar con el apoyo oficial del PSOE las cosas fueron fáciles. El texto generó fortísimas fricciones en el Partido que se vio forzado a cortar partes del mismo ante la oposición de dirigentes veteranos y barones. Esto tuvo unas consecuencias que tendrían repercusiones en el futuro. La primera de ellas, interna. Esquerra se desmarcó del proyecto, votando en contra en el Congreso (junto al PP entre otros) y pasó olímpicamente del referéndum posterior, en el que si bien votó a favor cerca del 70% de la población, solo participó un escaso 48%. El nuevo Estatuto, que había costado más de dos años de discusiones y peleas nacía cojo, el independentismo no reconocía un texto que había sido el primero en pedir y rompía el Pacto del Tinell. Esto creo que puede explicar en parte la poca consideración con la que el Estatuto de 2006 ha sido tratado en los últimos meses.

La segunda consecuencia vino desde fuera; el PP, herido por una derrota electoral que creía ganada antes del 11 de marzo, inició entonces una agresiva y permanente campaña de movilización con el único objetivo de desgastar al PSOE. Todo valía con tal de armar ruido, el aborto, el matrimonio gay, la justicia universal y, cómo no, el Estatut catalán. Primer pecado de la derecha, esgrimir como arma electoral un asunto tan delicado como el de las identidades nacionales. En el caso catalán organizó una campaña de recogida de firmas (casi 4 millones), petición, incluso en sede parlamentaria, de un referéndum (“votar es lo democrático” aseguró Rajoy) y, finalmente, recurso al Constitucional aunque ya estaba aprobado por el Parlamento y la ciudadanía catalana. Esta oposición revelaba, de forma muy evidente a mi entender, los límites de la derecha española y españolista, para la que el propio Título VIII de la Constitución de 1.978 no es el reflejo de una realidad nacional, ni siquiera plurirregional, sino una concesión obligada por las circunstancias de la transición, que por supuesto nunca han estado ni estarán dispuestos a sobrepasar. Cuando en 2010, ya en plena crisis económica y con el PSOE muy tocado políticamente, el Tribunal Constitucional, integrado mayoritariamente por magistrados conservadores provenientes de la época de Aznar, con la conformidad absurda del PSOE, recortó aún más un Estatut ya recortado, se dispuso la mecha que iba a provocar el incendio.

Significativamente, el PP mostró muy poca atención a este veredicto constitucional. Ya era agua pasada y el triunfo electoral se veía próximo no por sus movilizaciones sino por la lamentable gestión de la crisis de 2008 por el Gobierno socialista. Ni siquiera agitar el espantajo independentista o el “España se rompe” merecía la pena. Con el triunfo a la vuelta de la esquina mejor mostrarse moderados y responsables. En el Gobierno Rajoy y los suyos a partir de 2011, Cataluña desapareció del mapa político para el Estado, lo importante era la economía y todo lo demás se revelaba como superfluo. Las señales que llegaban desde Cataluña eran inquietantes pero no se tenían en consideración.

La estrategia independentista

¿Qué señales eran esas? Las manifestaciones y protestas por lo realizado en el TC eran cada día más numerosas, sobre todo en las sucesivas Diadas. Esquerra Republicana se movía con soltura en terreno abonado, pues estaba sola oponiéndose a un estatut mutilado, nuevos movimientos sociales relacionaban precariedad y nacionalismo, un colectivo muy heterogéneo pero también muy activo -la CUP-, heredero de las viejas tradiciones societarias libertarias catalanas, empezaba a asomar y organizaciones de extracción pequeño burguesa de defensa de la identidad, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural se organizaban y trabajaban con total comodidad y desparpajo ante la indiferencia del gobierno de Madrid. En poco tiempo, apenas un par de años, su presencia ya no podía ser ignorada, al menos en Cataluña.

En 2013, en una sesión del Parlamento español un nacionalista tan moderado como Antoni Durán i Lleida (tan moderado que ya ha pasado al ostracismo) advirtió a un impasible Rajoy de que la situación catalana se estaba complicando, que la radicalización del nacionalismo era un hecho y que había que tomar medidas políticas antes de que todo se saliera de madre, mencionando incluso la posibilidad de la independencia. Esta advertencia de un político catalán que sabía de lo que hablaba y nada hostil (“usted sabe que yo no soy sospechoso” le vino a decir a Rajoy) ni siquiera fue respondida. Tan solo a la mañana siguiente los medios más conservadores de la capital denunciaban “las amenazas del nacionalismo catalán” o incluso  “el cambio de chaqueta de Durán i Lleida”. Nuevo error conservador, no atender las advertencias de sus aliados naturales, y más aún cuando el PP en Cataluña no solo es casi irrelevante políticamente sino que, encima, sus dirigentes (Alicia Camacho, Jorge Fernández, Xavi Albiol…) destacan precisamente por su incompetencia y mediocridad,por lo que difícilmente podían enterarse de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas.

Hay que reconocer que si en todo este proceso ha habido alguien que lo ha tenido claro en todo momento y ha sabido dar los pasos adecuados (nos gusten o no) ese ha sido el independentismo. Siempre ha ido por delante, ha obligado a todos los actores a ponerse en fila o responder sin tomar la iniciativa. El independentismo siempre ha sabido cuál iba a ser la -previsible- reacción de todos sus enemigos y de alguno de sus amigos, razón por la que no le ha importado cometer incluso ilegalidades con su propio Estatuto, ya que lo que buscaba era la reacción airada de los opositores y la justificación de los partidarios (“no me han dejado otra salida”).

En una interesante entrevista concedida por el dirigente de Esquerra Joan Tardá hace un año  a Jot Down afirmaba dos cosas interesantes. La primera, que en 2003 ellos pensaban que no se podría llegar a una situación favorable para la causa independentista al menos en una generación (15-20 años), o sea, como poco hasta 2024-2025, pero que todo se precipitó por los “errores de la derecha española” y en segundo lugar que en Esquerra eran “conscientes” de que con el PSC solo podían ir en el mismo tren hasta que se acercara o planteara el tema federal, ahí se acabaría la colaboración. Siempre es bueno conocer los límites de tu socio y/o rival.

«Como los independentistas solo somos el 12% y, aunque no nos guste, tenemos que sacrificar una generación, y que no sean dos, vamos a hacer con la izquierda española una parte del viaje hasta la estación federal. Cuando lleguemos al estado federal español la izquierda española bajará del tren y nosotros continuaremos hasta la estación final, que es la república de Cataluña» (Joan Tardà, 24/10/2016)

¿Por qué ha triunfado el Procés? (pues, pase lo que pase, adonde hemos llegado es un triunfo para el soberanismo), entre las muchas razones -en las que la ineptitud y ceguera política de los partidos “españoles” sería una de las primeras-· resaltaría  dos, que aparentemente pueden resultar contradictorias.

• a) la crisis del nacionalismo moderado y pactista que representaba CiU, que le ha llevado casi a su desaparición política. Sus representantes, acechados por problemas judiciales, de corrupción y de imagen entre sus ciudadanos se han encontrado en un callejón sin salida. Partido exclusivamente de poder y para el poder, el hecho de perderlo les empuja a intentar mantener lo poco que puedan, mejor ser alguien en la República catalana que no ser nadie en un estado autonómico. De ahí además la promoción de nuevos dirigentes, claramente independentistas desde que militaban en la organización juvenil del partido (“ya se sabe, son jóvenes, cuando crezcan atenderán a razones” justificaban en los años noventa los dirigentes de CiU) y la marginación del núcleo proespañolista de Unió. Su relegación a partido segundón en Cataluña priva al estado Central de un interlocutor válido y al nacionalismo catalán de un discurso moderado(r).
• b) La movilización popular, constante y creciente desde 2010, ha sabido superar los momentos de cansancio y reflujo y ridiculizar las famosas tesis conservadoras del “soufflé catalán”. Bien estructurada en torno a la ANC y OC por un lado y por otro por la CUP y sectores varios de la izquierda (como la PAH de Ada Colau y grupos surgidos del 15M). Han tenido la inteligencia -los dos sectores- de complementarse y no luchar por el espacio del otro; a veces todos juntos, otras no, pero siempre con el mismo proyecto común de independencia. Pero junto a ello hay algo que a mi entender es especialmente importante: Cataluña, a diferencia del resto de España es una comunidad con una tradición asociativa impresionante, al menos desde la mitad del siglo XIX. Siempre que el Estado no puede  llegar o, sencillamente, no se interesa, te encontrarás con grupos de todo tipo que ocupan su lugar: asociaciones recreativas y excursionistas, grupos de aficionados a algo, casals, ateneos populares, escuelas libres, hasta grupos de castellers (nada más asociativo que esto) conforman un tejido participativo estable en Cataluña de enorme tradición, riqueza y fuerza. No se trata de asociaciones gastronómicas o cofradías, como en otros sitios de la península, sino de asociaciones que se reconocen en su identidad catalana y luchan por ella. La movilización es algo por lo tanto que tiene raíces sólidas, bien asentada y que permite una permanencia mayor. Y esto es algo que las organizaciones citadas antes conocen muy bien porque sus militantes y dirigentes provienen de ahí.

Esto ha obligado a los lideres de la antigua CiU, hoy PdeCat, a subirse al carro del soberanismo, para no ser arrollados por el “procés”, de ahí que siendo como decía antes  dos hechos contradictorios en principio (élites contra ciudadanos) ahora estén de la mano, conformando una peculiar versión de  “bloque histórico” a la catalana.

Esto no dibuja un panorama esplendoroso y eficaz para el soberanismo porque sigue habiendo un gran fallo: la mitad de la población todavía no responde favorablemente, no es independentista y este es un lastre a superar (quizás el 1.O haya ayudado algo a paliarlo) y es complicado porque todo lo  expuesto antes sobre el asociacionismo popular se da menos por ejemplo en las zonas metropolitanas en donde la identidad colectiva se mantiene en buena medida por los orígenes comunes foráneos antes que otra cosa. Y además se da la, importante, circunstancia de que es en estas zonas  en donde la crisis ha golpeado de forma más dura, por lo que es comprensible que una movilización que hasta ahora ha soslayado cambios de calado a nivel económico y social no haya acabado de cuajar.

En cualquier caso, hasta el 9N de 2014 el Procés llevaba una marcha lenta, segura, pero no arrolladora; será a partir del triunfo -el mero hecho de realizarla lo era ya- de esta consulta electoral, ante la inopia del Gobierno (nuevo error a sumar) y del cambio en la Generalitat de un Mas sobrepasado -tanto por la propia corrupción de su partido como por encabezar un proceso del que no se fía- por un incombustible dispuesto al martirio si es necesario como es Carles Puigdemont, cuando todo se acelera.

Comienza el mambo

A partir de 2015 un independentismo que ya se ha percatado claramente de los puntos débiles del enemigo (falta de alternativas, división interna, desconocimiento del terreno que se pisa, reacciones lentas y tardías, y siempre cortas de miras…) acelera su desafío.

No hay nada que pueda explicar mejor lo sucedido estos dos últimos años que el famoso vídeo de la furgoneta de la CUP: el Procés ya no sirve, las cartas están echadas y hay que jugarse el resto, llegó la hora de la verdad, comienza el mambo. Esto es, el independentismo se ve lo suficientemente fuerte y consolidado como para retar al Estado, llevarle ante una situación en la que, utilizando éste todos los medios, que son muchos, se vean con claridad sus contradicciones y sus insuficiencias. Para la CUP y un sector no desdeñable de ER y de la ANC y OC la aplicación del artículo 155 no es sino el paso previsible que hay que estimular; hay que forzar al Gobierno a dar el paso que “no quiere dar” como ha afirmado el mismo Rajoy, convencidos de que el Gobierno Central sólo es capaz de utilizar contra el soberanismo mecanismos burocráticos y/o represivos. Ese es el objetivo del Referéndum del 1-0, llegando hasta el final aun cuando todos son conscientes de que como tal no sirve. Da igual, se trata de movilizar, elevar la reivindicación hasta lo básico, valga la paradoja (¿quién está en contra de votar?) y conseguir la foto que externalice el proceso, que convierta a un asunto interno a en una cuestión internacional. Así, el referéndum deja tocado al PP: si no interviene se están riendo de él y si interviene la acción represiva se le vuelve en contra. El resultado ya conocido sale redondo, el independentismo obtiene la condena internacional al Gobierno y el reconocimiento a su buen rollo y pacifismo. Ahora, la duda es si convocar elecciones autonómicas plebiscitarias, que sería una solución intermedia  muy favorable o seguir exprimiendo el limón y proclamar la Declaración Unilateral de Independencia obligando al estado que intervenga definitivamente y rompiendo amarras con todo. La lógica y la prudencia empuja a lo primero, la dinámica del proceso nos lleva a lo segundo.

Hasta aquí, nada que objetar, en el plano teórico, a la estrategia soberanista. Hasta Lenin aplaudiría lo bien que están llevando a cabo una táctica insurreccional clásica, pero detecto un problema, seguir las estrategias revolucionarias de finales del siglo XIX y comienzos del XX en pleno siglo XXI (por mucho que se utilicen las redes sociales) tiene sus riesgos. El mundo actual está mucho más globalizado e interconectado de lo que estaba antes y , si no quieres ser Corea del Norte, es evidente que la primera aspiración de cualquier país nuevo es el reconocimiento internacional, algo fundamental si quieres participar de los” beneficios” de la globalización. Hasta la neutral Suiza necesita (para su sistema bancario, para la estabilidad interior) buenas relaciones con sus socios globales.

Si Cataluña se independiza -no aventuremos el coste-, antes o después los Tardá, Rufián, Gabriel, Fernández, serán marginados, mientras que la labor de los Puigdemont y Forcadell será recompensada en el callejero urbano y los nombres de los nuevos colegios, pero serán los tecnócratas, los Mas, Mas-Colell, Vila… los que se conviertan en interlocutores fiables para cualquier organismo. Ese es el riesgo, pero claro, que nos quiten lo bailado.

¿Y España?

Tras el 1-0 el Gobierno ha continuado con su inacción habitual, muchas declaraciones, bastantes advertencias, pero nada efectivo.  El grave  problema de las élites políticas españolas es que son conscientes de que el sistema surgido de la Constitución de 1978 ya no sirve pero o no saben cómo se puede cambiar o no se atreven, y algunos -no pocos- ni siquiera lo pretenden. El PSOE vive anclado en una contradicción que le impide moverse, con una derecha todavía fuerte y retadora (Susana Díaz en Andalucía, Guerra,  González y otros antiguos dirigentes, en los medios) y con una izquierda que recela de lo que tiene a su izquierda y que no quiere ser tachada de antisistema. El silencio de los principales dirigentes del PSOE ante el discurso del Rey, el 3 de octubre, que desdice todo lo propuesto por Pedro Sánchez, con la excepción del aplauso entusiasta de Susana Díaz mientras que sus compañeros catalanes se mostraban abatidos  lo deja todo tan claro en el diagnóstico como confuso en su resultado. Para el PP la Constitución de 1978 es lo máximo a lo que puede aspirar, y si pudiera la rebajaría, pues, en la opinión de muchos de sus afiliados, a esto nos ha llevado el estado de las autonomías. C’s se ha quitado ya la máscara y empuja al PP hacía su derecha, sobre todo en la cuestión territorial, cosa que a este no le molesta. Acostumbrado a gobernar en mayoría absoluta con desprecio del parlamento y abuso de decretos leyes, es incapaz de pactar asuntos de estado salvo que sea poniendo dinero encima de la mesa. No hay más. De ahí que un indolente e incompetente Presidente de Gobierno haya utilizado la táctica de refugiarse en la burocracia, los jueces, las leyes y la policía para que solucionen lo que él  ni sabe ni puede arreglar. El último paso, utilizar al rey, lo dio el pasado día 3. El monarca, tras un discurso desmoralizador dio la coartada necesaria a Rajoy para que aplique el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. Ya no hay excusa, “me lo ha pedido el rey y yo soy un súbdito leal”. Círculo cerrado, una cadena de errores generalizados y ausencias de alternativas desde el Estado central (incluso policiales, quizás le hubiera ido mejor aplicando el citado artículo constitucional el 7 de septiembre en vez de ahora, hubiera sido más coherente y se hubiera ahorrado bochornos posteriores) nos lleva a una situación de desenlace incierto y nada esperanzador para la causa democrática española. Ya lo decía Gil de Biedma (un catalán), la Historia de España siempre acaba mal y 40 años de ¿paréntesis? no nos pueden hacer olvidar esto.