Hace ya algo más de un mes que la Real Federación Española de Fútbol comunicó oficialmente la lista de equipos que debían descender de categoría por no haber cumplido con los pagos a sus jugadores. Sin más problemas en Primera y Segunda División que los derivados de los concursos de acreedores por los que atraviesan demasiados clubes, el interés (algo morboso, lo reconozco) se centraba en saber cómo acabaría la situación en la eternamente endeudada 2ªB. Al final, la Comisión Mixta formada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Comisión de Segunda División B de la propia RFEF concluyó que, a 30 de junio de 2011, 12 de los 80 equipos de la categoría aún mantenían deudas con sus futbolistas y por tanto, según el reglamento, debían ser descendidos administrativamente. CF Palencia, Cultural y Deportiva Leonesa, CD Castellón, Alicante CF, Polideportivo Ejido, Universidad de Las Palmas y Rayo Vallecano B perdían en los despachos una plaza que habían conservado en el campo (algunos con más dificultad que otros); mientras que Benidorm CD, AD Cerro Reyes, Unión Estepona CF, Jumilla CF y CD La Muela, equipos que habían descendido deportivamente a Tercera, quedaban relegados a Regional (salvo el Jumilla, que ya había acordado su desaparición en una Asamblea extraordinaria de socios celebrada a finales de mayo).

Es decir, oficialmente el 15% de los equipos participantes en 2ªB en la temporada 2010-2011 no han podido ni pagar a tiempo a sus jugadores ni llegar a un acuerdo con ellos para aplazar el pago (o para que al menos retiraran la denuncia ante la AFE, que no es lo mismo). Pero, aún siendo un porcentaje elevado, el desarrollo de la temporada y el hecho de que este año la fecha tope para cumplir con los compromisos salariales asumidos se hubiera adelantado un mes hacían presagiar una especie de armagedón en la División de Bronce de nuestro fútbol que finalmente no se ha producido. De hecho, hubo quien se apuntó al rumor de que el adelanto era un subterfugio de la RFEF para acometer por las bravas la reforma que la categoría parece pedir a gritos; la realidad, sin embargo, ha demostrado que en la Federación no se plantean ningún cambio drástico en una división manifiestamente mejorable. Y aunque el objetivo real era el de agilizar los pagos y la confección de las plantillas, lo cierto es que todo un cúmulo de situaciones ha hecho que tanto la composición de los 4 grupos como el calendario definitivo de la competición se conocieran más tarde que nunca.

Los 12 descensos pronto se convirtieron en 11. Aunque el CF Palencia (que debía unos 430.000 € a sus futbolistas) se había quedado a un paso de meterse en el play-off de ascenso a la Liga Adelante, se vio en Tercera durante unas pocas horas, hasta que el 1 de julio la AFE dio validez a los pagarés presentados in extremis el día anterior por la nueva directiva del club morado. El siguiente en librarse fue la Unión Estepona, que debía más de 300.000 euros a sus jugadores pero se acogió a la Ley Concursal el mismísimo 30 de junio, por lo que el descenso administrativo quedó sin efecto y jugará esta próxima temporada en Tercera División (aquí es conveniente apuntar que, con la Ley en la mano, si como es habitual las deudas mantenidas con los futbolistas forman parte de la masa concursada, no ha lugar a la reclamación “individualizada” de esa deuda por parte de la AFE y por tanto no puede producirse un descenso administrativo por ese motivo). Una situación similar se vivió con el Rayo Vallecano B, descendido en primera instancia a Tercera pero repescado luego para la 2ªB al aceptar la RFEF el auto del juez que dictaba la entrada en concurso de acreedores de toda la entidad madrileña (incluyendo al Rayo B, que no estaba registrado como filial puro sino como equipo asociado). El Polideportivo Ejido (al que se le reclamaban 170.000 €, la menor cantidad de todos los implicados) también mantuvo la categoría gracias a un recoveco legal, al iniciarse el proceso de liquidación de la SAD y aprobar el juez un recurso del club para paralizar el descenso, argumentando que la liquidación alcanzaría un mayor montante económico con el equipo en una categoría superior.

Haciendo un inciso, una situación similar a la del Poli Ejido se ha vivido en Lleida. La histórica Unió Esportiva Lleida entró el pasado año en un concurso voluntario de acreedores que acabó con la solicitud de disolución por parte del juez encargado del caso. Para liquidar definitivamente la SAD, el juez subastó la unidad productiva de la sociedad, formada por la plantilla y la plaza en Segunda B, de modo que un nuevo club denominado Lleida Esportiú se hizo con el pack y sustituirá al anterior a partir de esta nueva temporada, lógicamente también en 2ªB. Como nota curiosa, en primera instancia este nuevo Lleida iba a estar dirigido por la misma cúpula que había declarado el concurso voluntario de la UE Lleida, aunque al final no presentaron los avales necesarios y el club pasó a nuevas manos.

Otros no han tenido tanta suerte en los juzgados. El recurso del Alicante CF (560.000 € de deuda con futbolistas) para evitar el descenso, en el que aducía encontrarse en situación concursal, fue desestimado por el juez correspondiente, toda vez que el proceso ya había concluido (el club incluso había incumplido el primer pago derivado del convenio con sus acreedores). En cambio, la Cultural Leonesa, con 467.000 € de deuda sólo con sus jugadores (a sumar a otro millón y medio largo de euros tras la finalización de su proceso concursal), aceptó con resignación su descenso a Tercera mientras intenta evitar que Hacienda y la Seguridad Social exijan la disolución inmediata del club a causa de las importantes deudas que arrastra con estos organismos. El Cerro Reyes, que ya había sido expulsado de la competición en marzo por una doble incomparecencia derivada de sus problemas económicos, intenta formar un equipo para competir en Preferente, idéntica misión a la que se enfrentan Benidorm y La Muela (los alicantinos llegaron a plantearse la desaparición, aunque finalmente parece que sí saldrán a competir bajo la misma denominación social). Quien no jugará más será el Universidad de Las Palmas, después de que su directiva considerara inasumibles las cantidades adeudadas por el club (2 millones de euros de deuda total, de los que 450.000 € correspondían a nóminas atrasadas) y tomara la misma decisión que el Jumilla, acordando la desaparición de un club sin historia (se fundo en 1994) ni casi afición, pero que había llegado a jugar en Segunda en la temporada 2000-2001.

Por su parte, el CD Castellón (cuya deuda con jugadores asciende a 550.000 €) ha seguido luchando hasta el final para continuar en Segunda B, mientras sus actuales propietarios amagan una y otra vez con una venta de su paquete accionarial que no terminan de hacer efectiva. Ha seguido luchando porque, evidentemente, las plazas que han quedado vacantes con estos descensos (al final sólo 4 en toda la Segunda B, recordemos: las de Cultural, Alicante, Universidad y Castellón) deben ser cubiertas por otros clubes, y aquí está la otra cara de la moneda. La RFEF “subastó” cada una de esas plazas por 395.000 €, la cantidad media adeudada a sus futbolistas por los clubes finalmente descendidos, y no encontró demasiadas ofertas. De hecho, todos los equipos que se han hecho con una de esas plazas presentan bastantes incógnitas.

Por un lado tenemos a los filiales de Sporting de Gijón, Zaragoza y Mallorca, todos ellos clubes que atraviesan serias dificultades económicas (el Sporting tras un duro proceso concursal, el Zaragoza recientemente acogido a esa figura legal y el Mallorca expulsado de las competiciones UEFA por sus números rojos). Si en la decisión del cuadro asturiano el debate no pasa de una mera cuestión sobre cómo utilizar unos recursos escasos, la situación es sangrante en el caso de un Zaragoza que recientemente se ha quedado sin el apoyo de la LFP por sus millonarios fichajes realizados tras acogerse a la Ley Concursal, y cuando menos curiosa en lo que respecta al Mallorca, que se ha hecho con la plaza a modo de desagravio por la escasa diligencia con la que la RFEF defendió su caso ante la UEFA (el club bermellón podrá pagar los 395.000 € en cuatro cómodos plazos, una financiación a la que no han tenido acceso el resto de equipos).

El cuarto club que ha adquirido un puesto vacante en Segunda B es el Huracán Valencia, una entidad de nueva creación que jugará sus partidos en Manises. Los promotores del Huracán acordaron en primer lugar una fusión con el Torrellano Ilice, equipo que militaba en Tercera y que, a la sombra del Elche CF, no parecía contar con todas las ayudas institucionales que deseaba. La idea era trasladar el equipo a Valencia manteniendo su puesto en Tercera, pero posteriormente, y mientras la RFEF decidía sobre la legalidad de la fusión (en principio su reglamento no permite este tipo de acuerdos entre entidades de distintos municipios), el Torrellano adquirió la última plaza que quedaba por cubrir en 2ªB. Y toda vez que el proyecto valenciano parece sólido y cuenta con dinero fresco, la RFEF pasó por alto su propia normativa y dio oficialidad al nuevo club al incluirlo en el calendario oficial del Grupo III como Huracán Valencia CF.

La última bala del Castellón se esfumó hace poco más de una semana. El Sporting Villanueva Promesas, club pacense que había ascendido (en el campo) a 2ªB, se planteaba no competir en la categoría por falta de dinero. De hecho, se llegó a publicar que la propia RFEF, incapaz de encontrarle sustituto, habría ofertado esa vacante inesperada al conjunto castellonense. Sin embargo, un grupo de inversores catalanes aterrizó a tiempo en Villanueva del Fresno y se hizo cargo del equipo a finales de julio, confirmando así la primera participación del club en el Grupo IV de la Segunda División B.

De esta manera, y salvo novedad de última hora (para nada descartable), quedaba resuelto este auténtico embrollo motivado por varios factores interrelacionados: una categoría mastodóntica que no genera suficientes recursos por sí misma; unos directivos que en demasiadas ocasiones se muestran incapaces de realizar una planificación realista y acorde a los ingresos de sus respectivas entidades; y la colusión entre la legislación mercantil por la que se rigen las muchas SAD existentes en la categoría y las disposiciones federativas que regulan la competición, de un rango normativo inferior y que por tanto en muchos casos quedan anuladas por las decisiones judiciales, generando así unos conflictos de difícil comprensión para el aficionado (y que dificultan la planificación de aquellos que sí cumplen con sus obligaciones). Lo único que queda claro de todo esto es que la Segunda División B necesita una reforma radical y urgente, pero nadie parece dispuesto a acometer una tarea de tal calado, que por supuesto no sería nada fácil ni de llevar a cabo ni de vender políticamente. Así que, desgraciadamente, el año que viene volveremos a ver más situaciones como estas.